viernes, 1 de mayo de 2009

TRAGEDIA SOCIAL EN EL VILLARBAJO DEL SIGLO XIX.



En el Diccionario Enciclopédico de Pascual Madoz1 del año 1.845, se hace mención a roturación y puesta en cultivo de las tierras de Villarbajo, donde se estaba produciendo una importante plantación de olivares.
Estas tierras en su gran mayoría pertenecían a la nobleza marteña, pero incultas, boscosas y pobladas de encinares, quejigares y monte bajo, donde la agricultura no hubiera sido posible sin el esfuerzo colonizador e incluso la ganadería tenía graves dificultades debido a la abundancia de animales dañinos como el lobo.
En este contexto la decisión de rentabilizar estas propiedades, hasta ahora improductivas, viene a suponer la necesidad de poblar la zona, asentando colonos traídos de otros lugares: Martos, Castillo de Locubin, Alcaudete o Alcalá la Real serán los municipios que por su proximidad aportaran las familias que en busca de nuevas tierras se asentaran en la zona. Así apellidos como García o Castillo remanecen del Castillo, Gálvez de Alcalá la Real, López, Caballero o Caño tienen su origen en Martos.

Los primeros pobladores de estas tierras se asientan a tenor de contratos seguramente verbales(o los menos escritos) de arrendamiento para el cultivo de cereales y leguminosas a cambio del desmonte y plantación de olivares y el pago en ocasiones de rentas según la extensión y calidad de las tierras. Aunque en los primeros momentos de la roturación, unas humildes chozas con las paredes de piedra y barro y techo de chamizo son suficientes como vivienda, poco a poco y a medida que se van asegurando una renta, comienza la autoconstrucción de cortijos más sólidos con cubiertas de teja.

Una de estas familias que forma parte de un grupo de arrendadores de las tierras pertenecientes a D. Ramón Calvo de Tejada y Valenzuela, es la familia Melero Ocaña, que ocupa la zona del Prado del Nevazo y cuyo cortijo está próximo a la fuente del Peñascal, que por el nombre nos puede dar idea de la dificultad de roturar hazas tan prolijas en piedras y que todavía en nuestros días y a pesar del retroceso del bosque es una zona de vegetación espesa y abundante en encinas y Quejigos.
D. Ramón Calvo de Tejada y Valenzuela, a la sazón, Conde de la Puebla de los Valles, marteño, y Secretario de su Majestad D. Fernando VII, es una persona influyente en la corte y socio del Casino Español y de la Real Sociedad Económica y asiduo de las tertulias políticas del Jaén del XIX.

La tradición oral nos trasmite que estas tierras fueron tomadas por tiempo de diez años, durante los cuales y tras el desbroce y el amontonamiento de piedras en majanos, se cultivaría y sembraría por el arrendatario sin tener que pagar renta alguna al arrendador a cambio del consiguiente trabajo en la puesta en cultivo y plantación de olivar. De hecho D. Ramón está fuertemente endeudado con D. Vicente Chartres a quien debe 17.000 reales de la época y no puede esperar tanto tiempo, así que decide no cumplir con los plazos, pues es informado de la importancia de la producción de las cosechas de los colonos en aquellas tierras vírgenes y tan solo dos años más tarde, retira las tierras a los arrendatarios quienes se ven sumamente perjudicados, pues habían dedicado gran esfuerzo y sacrificio en el desmonte.
D. Ramón en aquellas fechas contaba con sesenta y siete años, estaba viudo de Doña Antonia Rodríguez Sobrado y no tenía hijos, pues los cinco que había tendido fallecieron siendo niños.
La tradición oral nos trasmite la idea de los arrendatarios de vengar el perjuicio económico y la puesta en escena del complot para acabar con la vida del explotador, y el acuerdo o sorteo entre estos para llevar a cabo los planes del atentado que costaría la vida al conde.
Dos arrendadores: los hermanos Silvestre y Juan Melero Ocaña, son los encargados de ejecutar la acción; con sendos cuchillos matarifes, se dirigen hacia la población de Martos donde afilan ambas herramientas, para encaminarse hacia Jaén, donde vivía un hermano del conde, Ildefonso, que era canónigo de la Catedral de Jaén y donde el conde pasaba largas temporadas parando en casa de uno de sus deudos, en la casa señorial existente todavía en la calle actual de Martí Mora y cuyas esquinas alindan a la calle Maestra por arriba y por debajo con el Arco del Consuelo.
A alguna tertulia se dirigía la noche del 5 de octubre de 1.848, cuando dos embozados le salen al encuentro al salir de su casa y cerrándole el paso lo acribillan a puñaladas, y dándolo por muerto abandonan Jaén, para dirigirse de nuevo a sus cortijos del Villarbajo.
Los días posteriores la conciencia no los deja en paz e incluso tienen pesadillas, donde una y otra vez se repite el sangriento suceso. La mujer de Silvestre sospecha que algo extraño oculta su marido, que esconde el arma del crimen en un costal en el interior de una troje. Más tarde se lo confiesa.
D. Ramón no murió en el acto. Lo recogieron, lo llevaron a su casa lo asistió el médico, que no pudo hacer nada por él y tuvo hasta tiempo de dictar testamento al notario y declarar ante el juez, D. Pascual María de Altolaguirre, pero murió y se le hizo entierro el día 7 en la capilla del Sagrario.
Del testamento se deduce las fuertes deudas que tenía y que sus herederos eran sus hermanos, Ildefonso y Manuel, más sus sobrinos marteños hijos de su difunta hermana Carmen.
De la declaración ante el juez, que no reconoció a sus agresores.

El crimen del Conde de la Puebla de los Valles, fue una gran conmoción en Jaén, en primer lugar, porque suponía un personaje importante, en segundo lugar porque se consideraba un desafío a la autoridad cometido en una de las zonas habitadas por las clases medias y funcionarios de la capital, y en tercer lugar porque parecía tener visos de crimen político, y fue aprovechado por el partido al que pertenecía el conde y contrario al que pertenecía el juez, para desacreditar a este último ante la Audiencia Territorial de Granada, cuyo Fiscal pidió secreto informe al entonces obispo de Jaén D. José Escolano Fenoy quien lo emitió a favor de D. Pascual María y puso las cosas en su sitio, dejando indemne la honorabilidad y competencia del mismo, que quedó demostrada con las averiguaciones y diligencias que instruyó y que dieron como resultado la identificación de ambos hermanos, gracias a las declaraciones del afilador de Martos y posterior rueda de reconocimiento y que condujo a la detención de Silvestre y Juan quienes confesaron haber cometido el crimen.

El crimen del Conde no fue un crimen político, ni fueron unos vulgares ladrones quienes lo cometieron para robarle. Resultaron ser dos honrados y humildes colonos del Villarbajo, que no pudieron aguantar la humillación y la soberbia del amo, ni la injusticia cometida sobre el sudor y el esfuerzo campesino del que un villano, aunque fuera conde, se quiso aprovechar para remediar sus deudas.

Y los condenaron a Garrote Vil, en las Eras del Ejido, el día 25 de octubre de 1.849, en el tablado que se construyó para el efecto y donde con la estimable ayuda del Verdugo de Granada se ejecutó la sentencia.
A Silvestre, con 39 años y a su hermano Juan con 42 años. No hubo perdón, fue una ejecución pública con exposición de los cadáveres hasta el anochecer, propia de la represiva y ejemplarizante España conservadora y reaccionaria del siglo XIX.
Silvestre dejó viuda: Ana López Cruz y tres hijos: Francisco, Antonio José y Dolores Melero López, esta última resulta ser una de mis tatarabuelas, por línea paterna, consiguientemente Silvestre resulta ser uno de mis 32 ascendientes o chornos.
Ana López Cruz, se casó en segundas nupcias con Manuel Jamilena Quesada, que trabaja de Mozo en esta misma casa, y tuvieron una hija: Agustina Jamilena López, quien a su vez tuvo una amplia descendencia en la zona.
En la siguiente generación y consultadas las escrituras de la época, parte de las tierras del conde habían sido compradas por los descendientes de los reos y gran parte de ellas todavía permanecen en la familia.
Queda constancia de las ruinas o restos del cortijo, existe todavía la fuente y la era del conde y la huerta con jardines de la condesa.

Este relato se ha transmitido de padres/madres a hijos/as de generación en generación conservando lo sustancial.








Bibliografía y fuentes:

- Manuel López Pérez. Las Cartas a D. Rafael. "Crimen y Castigo", pag. 335. Ayto. de Jaén, 1.991.
- Mi agradecimiento a Miguel Castillo Ortega y Vicente Castillo Marchal por ponerme en contacto con el tema, a mis parientes: Isaías Gálvez e hija por facilitarme las escrituras, a Manuel Cárdenas por trasmitirme oralmente esta historia.

miércoles, 5 de noviembre de 2008

Emiliano Ortega y sus amigos en 1958


Esta foto en la que se puede reconocer a Emiliano Ortega y sus dos amigos, la ha colgado María García Torres, su familia remanece de las Casillas.
¿Alguién sabe de que familia se trata?

viernes, 24 de octubre de 2008

¿SABÍAS QUE?...

En la Huelga General convocada para el 20 de Junio de 1905, para protestar por la carestía de la vida, participaron 300 campesinos de la Carrasca, según las Actas de la UGT Provincial de Jaén.

Entre las Sociedades representadas en el Congreso Extraordinario de la Unión General de Trabajadores(UGT) celebrado en Madrid los días 6, 7 y 8 de Octubre de 1927 al que asistió nuestro paisano Pedro Alvarez Castillo representando al Sindicato de Agricultores(FTT) de La Carrasca con 9 votos y además representó al de las Casillas y al de Martos con 10 votos.
En el XVI Congreso de la Unión General de Trabajadores celebrada en Madrid, 10-15 de setembre de 1928. Los sindicalistas carrasqueños presentan una Ponencia sobre la falta de trabajo que constó en acta y contestada por la ejecutiva de la UGT, propone: "... en relación con las proposiciones de la Sociedad de Agricultores de Carrasca de Martos, que por la ejecutiva de la Unión se haga patente la crisis del trabajo con carácter general y reclame la adopción de medidas para resolverla".

CARRASQUEÑOS Y CASILLEROS DE IZQUIERDA REPUBLICANA

Antonio Chamorro del Caño, nació en 1910 en Martos, aunque estaba domicialiado en la Carrasca, Agricultor, fue elegido para el Comité Local del Frente Popular en representación de Izquierda Republicana. Al ser movilizado su reemplazo ingresó en el ejercito republicano hasta el final de la guerra. En el procedimiento sumarísimo de urgencia n|° 22.168 se falló la pena de reclusión temporal de 12 años y un día. En Octubre de 1941, se encontraba en la Prisión de Valladolid.

Manuel Rodríguez Martínez, nació en 1893 en las Casillas, afiliado al PSOE, del que se da de baja en 1936, para incorporarse a Izquierda Republicana. Organizó la central sindical CNT en esta localidad.

Francisco Rosa Chamorro, nacido en las Casillas y afiliado a la UGT desde 1924, desempeñó el cargo de secretario del PSOE en 1933. Posteriormente se afilia a Izquierda Republilcana y formando parte de su directiva. Llamado a filas no quiso incorporase al ejército, siendo detenido en Martos y llevado a un batallón de trabajo.

ANTONIO PEÑA VICTIMA DEL FRANQUISMO


Adelaida Peña perdió muchas cosas en la Guerra Civil. Perdió a su hermano en la batalla del Ebro, perdió a su padre fusilado por rojo, perdió las fincas de su familia y perdió el dinero republicano, incautado en 1938 por los nacionales.
Reportaje por: Roberto G. LIZARRAGA

Fotografías por: Johnny BONET
08/09/08
Cuenta Adelaida Peña que la noche que los falangistas del pueblo fueron a buscar a su padre, la despertaron con una pistola apoyada en la sien y le preguntaron a gritos dónde estaba escondido. Adelaida, octogenaria y menuda, embozada en un vestido negro que jamás alcanzará a simbolizar el riguroso luto que guarda por toda una vida de pérdidas, acostumbrada a cantar por la mañana la Internacional Socialista, no sabe quién es el juez Garzón ni conoce sus intenciones de investigar a los desaparecidos durante el franquismo.

De lo que ella sabe es de su propia historia, de lo que la guerra y la dictadura le robaron. A fuerza de repetirla, sus allegados narran los recuerdos de Adelaida como si fueran los propios, se trasladan mentalmente a su escenario, Carrasca de Martos, en Jaén, como si ahora no estuvieran en el barrio valenciano del Cristo. Por eso, aunque los nervios y el oído sean obstáculo para que ordene su memoria en un relato cronológico, dos de sus seis hijos, Paqui y Mari, la van guiando y ayudando.

“¿Cuándo se llevaron al abuelo, mamá?”, le pregunta más alto una de sus hijas. El padre de Adelaida, Antonio Peña, era el alcalde socialista de Carrasca de Martos: más que un pueblo, dos docenas de casas apiñadas. Su esposa, sus tres hijos (un varón y dos chicas) y su hermano vivían con comodidades gracias a las tierras propiedad de Antonio. Pero fue llegar la Guerra Civil y con ella las primeras desgracias. El hermano de Adelaida murió a los 19 años en la batalla del Ebro. Antonio creyó que, acabada la guerra, pese a simpatizar con el bando perdedor, las cosas no podrían ir a peor. “A mi padre le ofrecieron irse en el barco en el que se fue desde Valencia el presidente Juan Negrín, pero él decía que no irían a por él porque no tenía las manos manchadas de sangre”, explica Adelaida. Pero sí que lo buscaron al poco de acabar el conflicto y, tras ser sometido el 29 de mayo de 1940 a Consejo de Guerra acusado de un delito de rebelión, fue condenado a muerte y conducido a la prisión de Jaén a la espera del cumplimiento de su pena. De allí lo trasladaron al penal de Burgos, donde estuvo cuatro meses y de donde volvería totalmente cambiado a Martos camino de Jaén para ser ejecutado. “Le pusieron a barrer en la plaza del pueblo para humillarle; llegaba con una barba de las que sólo te crecen en la cárcel, flaquísimo y con las piernas destrozadas por la paliza que le habían pegado”, explica Paqui. Las hijas no pudieron con la impresión al verlo de lejos: Francisca, la hermana de Adelaida, sufrió a sus 12 años un ataque al corazón que le dejó una lesión de por vida que acabó con ella unos cuarenta años después. Adelaida pudo ver a su padre pocas veces más, pese a andar a diario ocho kilómetros para intentar conseguirlo. Una de las últimas ocasiones en que lo logró pudo llevarle un café con leche. A pesar del precario estado del reo, al ver en qué condición estaba su hija se echó a llorar. “Desde el día en que le apuntaron con la pistola se le salían los ojos de la cara por lo flaca que estaba. Fue un ‘shock’ para ella”, cuenta su hija Mari. Antonio Peña fue fusilado el 5 de febrero de 1941, a los 48 años. Según el que rellenó su expediente, no dejaba responsabilidad alguna.
La vida en Carrasca de Martos se hizo imposible para los Peña. La madre de Adelaida murió al poco tiempo. “De pena”, cree su familia. En el pueblo estaban estigmatizados, así que al poco tiempo decidieron cambiar de tierra y se mudaron al barrio del Cristo en Valencia. Una barriada de inmigrantes venidos de toda España que levantaban las casas con sus propias manos. El cambio fue muy brusco para Adelaida y su hermana Francisca: “Habían sido ricas y no sabían hacer nada. Así que cosían vestidos y se los vendían a las vecinas por un precio tirado”, dice su sobrina, de nombre Paqui también. La dictadura les había quitado todo: las fincas de su padre fueron expropiadas y la familia tuvo que entregar el dinero republicano al Banco de España a cambio de un pagaré, obligada por un decreto franquista de 1938 que consideraba su posesión delito de contrabando. Adelaida aún conserva un recibo por 2.040 pesetas, una cantidad que en esa época les hubiese librado de muchas dificultades.

Fue su sobrina Paqui, la que, navegando por internet, encontró una agrupación de afectados por el mismo caso. Así se puso en contacto con la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (apigf@yahoo.es), que cuenta con 1.972 asociados por toda España a los que les deben en total unos 12 millones de euros. El colectivo nació cuando, hace tres años, Montserrat Capdevila intentó cobrar el recibo que su padre le dejó como dote. Le dijeron que era un caso aislado y decidió denunciarlo públicamente. La redacción de El Periódico de Catalunya, el medio donde expuso su situación, recibió muchas llamadas de gente a la que le había incautado también dinero. A sus 78 años Montserrat tiene problemas de movilidad y sufre diabetes. Recuerda que obligada por la miseria tenía que colarse con 12 años en las carboneras para recoger el carbón usado que luego vendía, pero ahora apenas puede recorrer sin ayuda su casa. Por eso con el dinero de su dote, 1.232 pesetas de la época, podría adaptar su casa. Aunque, más que económica, es una reclamación moral. “No es la cantidad, es lo que hemos sufrido”, dice triste Montserrat y añade con angustia: “Cada vez que me anuncian la muerte de alguien que se ha marchado sin poder cobrar ese dinero, es como si muriese yo”. Por eso, aunque ve muy bien la decisión de Baltasar Garzón de identificar a los desaparecidos de la dictadura, cree que ellos deberían tener una prioridad porque juegan con el tiempo en contra: “Está muy bien lo de Garzón, pero antes que arreglar lo de los muertos debería ayudar a los vivos, que quedamos pocos y a este paso nos vamos a ir al otro barrio sin recibir lo nuestro. Estoy segura de que mucha gente, cuando cobrase, ayudaría en la identificación de los fusilados. Yo lo haría, pero tengo muy poco dinero”. Lo único que le da fuerzas para seguir es el tesón con el que su hija Lidia se vuelca en la asociación. “Es como Santa Teresa”, compara su madre. Lidia tiene claro que acabarán consiguiendo su objetivo. “Si no es por la vía política, tendremos que recurrir a la Audiencia Nacional y si hace falta lo llevaremos hasta Bruselas”.

Hoy Adelaida tiene una idea fija en la cabeza: “Que nos devuelvan lo que nos robó Franco”. Pero ese dinero incautado no es el único que le niega el Estado. La Ley de la Memoria Histórica establece una pensión de orfandad para los hijos con discapacidad física o las hijas viudas y solteras de los fusilados, pero, a día de hoy, sigue sin cobrarla. La única espina que ha podido sacarse es conocer dónde está enterrado su padre. El año pasado visitó la fosa común en la que reposan sus restos, en el cementerio de San Eufrasio, en Jaén. Sesenta y siete años después, Adelaida pudo por fin llorarle como se merecía.